POR UN DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DECLARACION DEL EQUIPO DE PASTORAL SOCIAL DE LA PRELATURA DE ESQUEL
El Equipo de Pastoral Social de la Prelatura Esquel teniendo en cuenta que
el tema de la minería sigue vigente y en virtud del Documento sobre Megaminería
que elaboró el Equipo de Pastoral Social de la Diócesis de Comodoro
Rivadavia, cuyo espíritu compartimos, nos expresamos en este documento.
Sea ésta también nuestra más explícita adhesión
al 9º aniversario del “NO A LA MINA”, que marcó un hito
en nuestra historia ciudadana, con trascendencia nacional.
La Iglesia no es indiferente a las preocupaciones y angustias de los hermanos
afectados por la instalación de distintos emprendimientos de megaminería,
que avasallan los derechos de distintas comunidades, alteran el hábitat
y el ecosistema, poniendo en riesgo la base su subsistencia centrada en la ganadería
ovina y caprina, agrediendo su cultura caracterizada por el respeto a la naturaleza
y el amor a la madre tierra”.
El Equipo de Pastoral Social de Esquel, ve con preocupación las versiones
que dan cuenta de la posible modificación o derogación de la Ley
5001, que reprueba la extracción metalífera a cielo abierto.
Con la renovación de las autoridades políticas a nivel provincial
y las versiones recurrentes que indican un incremento de la exploración
y explotación minera en la provincia, DEFINIMOS COMO UN RETROCESO LA
MODIFICACION DEL MARCO REGULATORIO DE LA ACTIVIDAD MINERA, reformando una norma,
que fue el fruto de la lucha de todo el pueblo de Esquel, con su histórico
NO A LA MINA.
Desde entonces, enormes esfuerzos se han realizado desde distintos ámbitos
de la sociedad civil y desde la Iglesia, que han movilizado y motorizado espacios
de intercambio y concientización en pueblos y ciudades de la provincia,
para conocimiento de las consecuencias de la actividad minera. Por lo tanto,
consideramos que la reforma de dicho marco regulatorio puede constituirse en
una falta de respeto a la voluntad de la mayoría de la población
-que rechazó rotundamente este tipo de emprendimientos-, así como
a la construcción de una democracia participativa.
Desde nuestra percepción cotidiana, consideramos que tanto el gobierno
nacional como el provincial no cumplen satisfactoriamente su función
de generar y exigir el cumplimiento de las normas de protección del ambiente,
permitiendo la flexibilidad del marco regulatorio, usando los vacíos
legales a favor de las empresas mineras en lugar de defender y proteger los
derechos de la población o, peor aún, aprovechando la desgraciada
coyuntura de las catástrofes naturales (sequía, cenizas) para
presentar la megaminería a cielo abierto como la única salida
posible.
Al mismo tiempo, tememos una fuerte manipulación de la información
y de las voluntades, cada vez que se argumenta que las decisiones deberían
ser tomadas departamentalmente y se propone reabrir ciertos debates populares,
que ya fueron dados hace tiempo, y recordando que los pobladores de la meseta
en varias ocasiones solicitaron entrevistas con las autoridades y no fueron
recibidos.
Juan Pablo II nos advierte de los riesgos de considerar al planeta como una
fuente de recursos económicos al decirnos “el ambiente como recurso,
pone en riesgo el ambiente como casa” y reafirmando la necesidad de preservar
el planeta tierra como la “casa común” de todos los seres
vivientes, consideramos que, más que modificar una ley que está
vigente, el estado debe velar por su cumplimiento, como también debería
evaluar el costo ambiental a largo plazo de la actividad minera con respecto
a actividades como la agricultura, la ganadería, la acuicultura o el
turismo.
Constatamos que aparecen nuevos escenarios que aumentan la demanda de materias
primas, notándose un comportamiento irresponsable de las empresas que
no se rigen por estándares sociales o ambientales, y que suelen negar
los efectos contaminantes de su actividad productiva, así como la imposibilidad
del hombre para controlar los residuos generados por la actividad minera, a
menudo con la connivencia de algunos funcionarios públicos complacientes.
Exhortamos y reclamamos al estado nacional y provincial para que promuevan políticas
públicas que propicien un desarrollo integral y sustentable de toda la
comunidad. Atendiendo en primera instancia la necesidad de regularizar la tenencia
de la tierra mediante el acompañamiento y asesoramiento de los actuales
ocupantes para orientarlos en los trámites, facilitando en forma sencilla
y ágil la titulación, para hacer efectivo el derecho a la propiedad.
Buscando un modelo de desarrollo alternativo y solidario que aliente a las comunidades
de los pueblos originarios y a las familias minifundistas a continuar trabajando
sus tierras con programas que permitan mejorar los sistemas de riego para pasturas
y las majadas, promoviendo formas de asociación para lograr satisfacer
los mercados que demanden sus productos.
Por otra parte, en este marco resulta prioritario considerar a la educación
como un bien público que genere inclusión social y promueva el
cuidado de la vida, la solidaridad, la participación y la formación
en valores que, unida a claras políticas activas, genere trabajos dignas
y mejor calidad de vida.
El Equipo de Pastoral Social de la Iglesia Católica de Esquel, reafirma
su compromiso de defender, junto a otros actores sociales, la protección,
conservación y restauración del medio ambiente para que la madre
tierra continúe siendo la casa común de todos los vivientes.
Que la cercanía de las próximas fiestas Navideñas nos recuerde
que Dios sigue creyendo en nosotros, camina con nosotros y funda nuestra esperanza
de un mundo mejor.
P.OBISPO JOSE SLABY
Y
EQUIPO DE PASTORAL SOCIAL
PRELATURA DE ESQUEL