SOBRE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE EN GENERAL Y LA MEGA-MINERÍA EN PARTICULAR.

Introducción: La permanente movilización ciudadana ha significado un freno a los intentos de las multinacionales de instalar la mega-minería en ChubutLos vecinos de Esquel agrupados en el movimiento ciudadano del “No A la Mina” marcaron el inicio de las luchas populares contra la mega-minería y su protesta se convirtió en ejemplo que siguieron diversas movilizaciones en el resto de la provincia y en todo el país. Hasta ahora lo más importante ha sido la gente en las calles, con vecinos movilizados en la defensa de un ambiente sano y sin minería contaminante.-
El presente intenta acercar otra mirada -complementaria-, para hacer respetar los derechos al ambiente que contempla la legislación, teniendo presente la saludable respuesta judicial que se obtuvo en varios casos donde primó el criterio de los jueces de tener como valor superior el derecho de todos a gozar de un ambiente sano.-
“En el orden jurídico la realización del desarrollo sostenible y el consiguiente respeto al derecho de un ambiente sano, no es una responsabilidad de los individuos por sí solos. Existe una responsabilidad del Estado de tipo principal e ineludible. En este esquema dentro de su esfera de actuación EL PODER JUDICIAL, está llamado a tutelar estos derechos y aportar a la realización de la conservación de la naturaleza y del uso racional de los recursos. La Ley General del Ambiente N° 25675 apunta a ese criterio de Juez Fuerte, comprometido con el interés público ambiental y que en su Art. 32 le da facultades para “disponer de todas las medidas necesarias para ordenar, conducir, y probar el hecho dañoso, a fin de proteger efectivamente el interés general(Dr. Leonardo F. Pastorino “El Daño Al Ambiente” Pg. 255).-
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Uno de los primeros antecedentes judiciales fue la sentencia de primera instancia del Juzgado civil de Esquel, en Autos: (“Villivar, Silvana Noemí c/Provincia del Chubut y Minera el Desquite SA - s/Amparo) Año 2002,
Con fecha 19 de febrero de 2003, el Juez  Civil de primera Instancia Claudio Alejandro PETRIS, dio curso a la petición de amparo presentada y CONDENÓ a la Minera y a la Provincia a  paralizar de las obras de exploración y explotación que ya estaban en ejecución en el Cordón Esquel, por parte de Minera El Desquite SA -con autorización de la Provincia del Chubut-, “hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 4032 y la Provincia se pronuncie expresamente respecto del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la Minera, previa Audiencia Pública”. La Empresa Minera Apeló la sentencia: La Cámara de Apelaciones de Esquel (CANO), no le hizo lugar. La empresa  recurrió entonces al  Superior Tribunal de Justicia, quien tampoco hizo lugar a la demanda de la Minera avalando la paralización dispuesta por el Juez Civil de Esquel.  Finalmente la empresa fue en recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La Corte rechazó el recurso por inadmisible (17/04/2007). Determinó no hacer lugar a la demanda de la minera y dejó firme el Fallo de Esquel en base a los argumentos jurídicos ya expresados por STJ de la provincia del Chubut a favor de la Sentencia que hizo lugar al amparo ambiental.- Así se le cerró la Puerta al emprendimiento Minero en el Cordón Esquel, ya que la suspensión dispuesta por el Juez determina la paralización de las actividades hasta tanto se dé cumplimento con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que ordena la Ley 4032.- Esta ley dispone a través de su decreto reglamentario (N°1153/95), -para aprobar ese EIA-, la realización de Audiencia Pública en asamblea abierta con participación y exposición de todos los interesados, representando ello un obstáculo a las realización del megaproyecto minero.-
En su recurso la minera intentó imponer la Jerarquía del Código Minero Nacional por sobre las normas provinciales que en forma previa obligan a la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y a la realización de la Audiencia Pública. Pero La Corte ratifico que: “la sentencia dictada en primera instancia está en línea con la Ley General del Ambiente N° 25675 y La Constitución Nacional, y además se tiene en cuenta la expresa prohibición establecido por la ley 5001 de la Provincia de Chubut”.-  
La Ley XVII N° 68 (Antes 5001): Como respuesta a la importante movilización del pueblo de Esquel, del contundente veredicto de las urnas en el plebiscito del 23 de marzo 2003, y la permanente presión de las asambleas populares del “No a La Mina”, la legislatura de Chubut sancionó el 9 de abril del año 2003 la Ley 5001.-  (*Analizar las ley 5001)

 

Bibliografía y jurisprudencia consultada:
En el Libro “El principio de Precaución Ambiental” La Práctica Argentina- (2008 Edit. Lerner), la autora Dra. ZLATA DRNAS DE CLEMENT, en su libro reseña el caso de Esquel, destacando que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación en autos: “Villivar, Silvana Noemí c/Provincia del Chubut y Minera el Desquite S.A.  s/Amparo- Año 2002.- Resolvió por SENTENCIA (17/04/2007) declarar inadmisible el recurso interpuesto, dejando firme el fallo contra la Minera y la Provincia del Chubut, que habían sido condenadas a paralizar una explotación minera”, Aclara la autora que; si bien el fallo no se ha centrado en el principio de precaución, lo ha tenido presente.-
Por otra parte es dable destacar que el fallo de Esquel, ha sentado jurisprudencia, y ha sido tomado en varias sentencias de temática ambiental en el País. Tal el caso “Aguas Dadone de Argentina c/ DEPROMIN S.A. s/Acción de Amparo” La Cámara Civil y Comercial de Mendoza del 28/08/2006;  se falló en contra del emprendimiento Minero que se pretendía realizar en un área donde existe un acuífero subterráneo y entre considerandos tuvo en cuenta el criterio confirmado por la Cámara de Apelaciones de Esquel en fallo “Villivar, Silvana Noemí c/ Minera El Desquite, “..en tanto que el juez de Esquel tuvo por probado que las tareas desarrolladas por la empresa minera en la etapa de exploración conllevaban un impacto ambiental negativo, existiendo la posibilidad cierta, clara y concreta de que esos trabajos sean capaces -con un grado de probabilidad suficiente-, de provocar un deterioro al medio ambiente el que podía resultar irreparable”.-
Finalmente es importante señalar que La especialista ambiental (*) de la obra antes mencionada analiza además toda la legislación de las provincias argentinas, y llama la atención que la legislación más abundante sobre el cuidado de los recursos naturales en general ha sido producida por la Provincia del Chubut (pgs. 116 a 127), y cita por ejemplo la Constitución de la Provincia del Chubut. (Arts. 103; 110, y 111), El Código Ambiental de la Provincia de 165 artículos (Ley 5439), La ley 4032 y su excelente y completo decreto reglamentario (1153/95), y otras normas complementarias, que destacan a Chubut en una verdadera exponente en legislación de tutela del ambiente.- (*Ley Gral del Ambiente N° 4563 Sancionada el 7 de Diciembre de 1999, antes que la ley Nacional que fue sancionada en 2002)
Como se ha visto el denominado principio de precaución ambiental ha sido tomado en cuenta por el JUEZ, y éste es el espíritu del presente trabajo. Aportar como eje de discusión en que se debe priorizar a ultranza el respeto por el medio ambiente, para evitar repercusiones nefastas al capital natural y ésta postura se debe hacer valer el los distintos estamentos judiciales, pues “Las pautas del principio de precaución obligan al sujeto decisor a agotar las vías para alcanzar las certezas necesarias en torno a la existencia o no del riesgo sospechado antes de autorizar el inicio de cualquier actividad”.-
“La solución adecuada para impedir actividades susceptibles de generar daños irreparables al ambiente, es cumplir con los principios de prevención y precaución de acuerdo a lo establecido por el orden jurídico de Nuestro País.
Para la ley General del Ambiente “El principio de precaución impone en caso de duda científica razonable que determinada actividad pueda producir un daño grave al medio ambiente, demorar, limitar o impedir transitoriamente la actividad propuesta, hasta adquirir seguridades científicas sobre la existencia o no de tales peligros, o sobre la capacidad de responder frente a la eventualidad de su existencia” .-
Cualquier aproximación a la normativa de protección ambiental en el Ordenamiento argentino debe comenzar por la denominada Ley General del Ambiente, N° 25.675, sancionada el 6/11/2002,  cuyos preceptos son de orden público y directamente operativos en todo el territorio del país.

 

 

 

 

 

Evolución del principio de precaución en el Mundo:
En 1962, diez años antes de la declaración de Estocolmo, la UNESCO patrocinó un programa mundial de estudios ecológicos para verificar las pérdidas mundiales del capital natural por el desarrollo inadecuado.  En 1968 La Asamblea General de la ONU, advirtiendo las consecuencias de las actividades del hombre sobre el ambiente, convoco la Conferencia internacional de Estocolmo en 1972. El informe de previo había advertido sobre “la inadecuada actitud del hombre frente a su medio ambiente y señaló que en caso de continuar con este proceso, la vida sobre la tierra se vería amenazada”. La declaración de Estocolmo sobre Medio Humano, gira sobre  de la responsabilidad del hombre dando especial importancia a la conservación de la naturaleza (principio 4°), y en el principio 21° establece la obligación de los estados de asegurar que las actividades potencialmente peligrosas, no perjudiquen el medio. Estas obligaciones atañen tanto a la Prevención como a la Precaución.- 
El primer instrumento internacional con alcance universal general que estableció el principio de precaución con visión integral ha sido la Res. 37/7 de la Asamblea General de la ONU denominada “LA CARTA MUNDIAL DE LA NATURALEZA” (28 de octubre de 1982), al incluir el principio de cautela para actividades susceptibles de generar grave peligro para la naturaleza, y estableció que cuando “los potenciales efectos adversos no son plenamente conocidos, las actividades no deben proceder”.- También en la Declaración de Río s/Medio Ambiente y Desarrollo (1992), “Con el fin de proteger el medio ambiente los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades” (Principio N° 15) .-
Argentina es firmante de los tratados mencionados y por lo tanto en nuestro país los citados principios jurídicos están contenidos en la Ley General del Ambiente N° 25675. De allí se desprende que cuando no haya certeza científica suficiente que las actividades no ocasionaran un daño irreparable para el ambiente y las futuras generaciones, dichas actividades se paralizarán, aplicándose así el espíritu y la manda del principio de desarrollo Sostenible de la Cumbre de RIO (1992).-

La normativa aplicable en Argentina, en el contexto de una interpretación sistemática, teniendo en cuenta la jerarquía otorgada a los tratados internacionales por la C.N. (Art. 75 inc. 22), y a otras fuentes del derecho internacional, como también la tutela al ambiente consagrada por el Art. 41 de la CN, y las leyes de presupuestos mínimos, permite considerar garantizado el imperio del principio de precaución en nuestro país.-
La jurisprudencia argentina muestra un avance en la aplicación del principio de precaución, lo que evidencia no solo un mayor conocimiento sobre las bases y fundamentos del principio por parte de los magistrados, sino también una mayor conciencia de la población sobre su derecho a exigir la aplicación de pautas ambientales.-
 “El principio de precaución busca poner límites a la libertad del hombre para transformar lo que lo rodea, imponerle un obrar con discernimiento y prudencia, con mayor preocupación por las consecuencias esperadas de su accionar.
(ya que) El ambiente funciona como un todo equilibrado y en permanente interdependencia entre las partes que conforman un ecosistema dado, por ello y para entender los alcances que los impactos negativos producidos por el hombre pueden ocasionar al ambiente es necesario recurrir a la ecología ciencia que desarrolla estudios para determinar cuáles son los cambios que pueden sufrir los ecosistemas a partir de las actividades humanas.-             Hay que recordar que ecología es la “ciencia que estudia” las relaciones de los seres vivos entre sí y con su medio (ecosistemas).-
Los ecosistemas están conformados por seres vivos (bióticos) y también por factores abióticos. En ellos se cumplen las funciones necesarias para la vida en la tierra. Estas funciones se rigen por leyes naturales que constituyen la base del sistema biológico.
1) Según Jorge Frangi, los ecosistemas están constituidos por seres vivos y su ambiente físico-químico en el área que ocupan. En sus relaciones incluyen además las sustancias inorgánicas, las sustancias y detritos orgánicos y los factores físicos (luz, temperatura, viento, velocidad y dirección de las aguas, etc). Entre todos los componentes se establecen relaciones de interdependencia que permiten que el ecosistema funciones como una totalidad.-
2) Para Ramón MERGALEF (uno de los ecólogos más reconocido y estudiado), La organización de los ecosistemas es abierta, heterogénea y sometido a innumerables alteraciones desde adentro de su propia organización. Los ecosistemas han alcanzado un grado de organización tal, que se van adaptando a los cambios en un proceso denominado evolución, salvo cuando los impactos son tan importantes que la dinámica alcanzada no los pueda soportar (impacto negativo).-
A pesar de su evolución y adaptación a los cambios, los ecosistemas tienen un límite a la absorción de impactos negativos que es la denominada “Capacidad de carga”. Sustrato de una estructura mínima que debe ser respetada, sino el ambiente cambia y se produce la “regresión” volviendo a estadios anteriores. A veces esos impactos pueden generar un quiebre catastrófico.- Queda claro entonces que el accionar irresponsable de determinadas actividades humanas puede  desequilibrar un ecosistema con consecuencia que según el grado de impacto pueden ser catastróficas e irreversibles.-
“Este equilibrio y dinámica de los ecosistemas es un valor fundamental que el derecho avanza en identificar y proteger, identificándolo con el bien jurídico protegido por la Ley General del Ambiente N° 25675, que lo eleva a la calidad de política ambiental. Es decir configurativo del orden público.- 
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Otro principio que se ha consolidado y es dable destacar como fundamento para la legitimación procesal en materia ambiental es la participación, ya que sin un debido acceso a la justicia por parte de todos los interesados en la gestión de los bienes naturales, se termina por favorecer el proceso de “privatización” del ambiente por parte de los titulares de derechos de tipo económico. La participación debe ser entonces la guía, para el decisor, para el político y para el juez.
Entonces, cuando se pretenda ponderar el nivel de “sacrificio” y los costos económicos y sociales de una medida de tutela ambiental que la colectividad de origen está dispuesta a soportar, hay que recordar que la participación está en la base de cualquier consenso posible, y que el consenso es el único camino para determinar el modelo de desarrollo deseado. Será entonces más efectiva la tutela del ambiente, cuanto más se desarrolle la educación ciudadana y más amplia sea la información disponible.-


Lo reseñado y sin perjuicio que se trata de una mirada parcial y a todas luces incompleta, solo pretende ser un disparador para la discusión, con aspiraciones a servir -con los aportes y correcciones-, a ensanchar la base de una opinión pública ávida de información con fundamentos válidos y comprobables.                                    
Entonces y para concluir: Ante la realización de una obra sobre la cual hay fundamentos valederos para creer que se va a afectar de forma severa el medio ambiente; la exigencia es “Primero un Ambiente sano para todos...” después discutimos la sustentabilidad económica y social.- O sea que en base a los principios reseñados, se deberá en primer lugar demostrar con rigor científico que la realización de una obra o emprendimiento no va deteriorar de manera irreversible el medio, ni va afectar a las generaciones venideras.
Desde lo político y para el Caso de la provincia en general y de Esquel en particular está claro que la lucha es en las calles y junto al pueblo movilizado, que en paz pero con firmeza se manifiesta contra la Mega minería contaminante, en defensa del agua, de la vida y del futuro. Se ha explicado largamente que ya no se convence a nadie con promesas de trabajo y bienestar a costa de los recursos naturales. La mentira de desarrollo del modelo extractivista ha quedado al descubierto, como ha quedado claro que es tan grande la ganancia de las empresas minerías y sus lobbystas, como grande es el deterioro del ambiente y la secuela de daños que dejan.
La hora impone estar  junto al pueblo, a los trabajadores, marchando a lado de nuestros mayores acompañando los canticos de adolescentes y jóvenes que por miles se manifiestan en las calles, todos unidos bajo la misma premisa No es No. No pasarán.-

 

 

 

Recordar que durante su exilio en Madrid el 21 de febrero de 1972 Perón Difunde su “Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo”
ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la Biósfera, la dilapidación de los recursos naturales... y la necesidad de  invertir de inmediato la dirección de esta marcha a través de una acción mancomunada internacional”.-
Vale la pena leer el texto completo del mensaje -para entender su real dimensión-, donde el líder expone su visión de estadista adelantándose varias décadas a su tiempo.”
“El mensaje” de Perón fue el más difundido y la pieza central de sesgo ambientalista, sin embargo en al menos en una docena de mensajes escritos o pronunciados entre 1968 y 1974 Perón aboga como epicentro de sus preocupaciones internacionales y geopolíticas por la urgencia de frenar la destrucción de la Tierra”  Sin embargo y lamentablemente en el país no se ha tomado la cuestión ambiental como eje político en la agenda pública. Tal vez ha llegado el momento de retomar las enseñanzas del líder del pueblo también en el terreno la defensa del ambiente y los recursos naturales.-

 

Fuentes consultadas:
El Daño al Ambiente del *Dr. Leonardo Fabio PASTORINO- 2005
*Profesor de derecho agrario en la facultad de ciencias Jurídicas y Sociales de la Un. de la Plata). Es autor (jun. 2004) del “Trabajo de tesis doctoral en Ciencias Jurídicas y Sociales”, sobre la base de la Ley general del Ambiente 25676 y también de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-
Extracciones del Libro “El principio de Precaución Ambiental” La Práctica Argentina” de * ZLATA DRNAS DE CLEMENT - Abril - 2008 -
* Abogada. Escribana Dra. En Derecho y Ciencia Sociales. Titular de la cátedra Derecho Internacional Público UNC.- Profesora emérita de la Univ. Católica de Córdoba.-
Daños al Ecosistema y al Ambiente Dr. Carlos Alberto GHERSI Ed. Astrea - 2004
19 de septiembre de 2016, Actualidad Jurídica Ambiental,  - Fecha de recepción: 16/ 08/ 2016; Fecha de aceptación: 23/ 08/2016
COMENTARIO A LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 25.675
Autora: Noemí Pino Miklavec, Doctora en Derecho Docente de la Universidad Nacional del Comahue Argentina Fuente: Boletín Oficial, de 28 de noviembre de 2002, número 30036, p. 2.
Temas Clave: Presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente; la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable; Principios de la política ambiental; Evaluación de impacto ambiental; educación e información ambiental; participación ciudadana
Resumen: Cualquier aproximación a la normativa de protección ambiental en el Ordenamiento argentino debe comenzar por la denominada Ley General del Ambiente, N° 25.675, sancionada el 6/11/2002,  cuyos preceptos son de orden público y directamente operativos en todo el territorio del país.
Dicha ley se sancionó en cumplimiento del art. 41 de la Constitución de la Nación Argentina, que reconoce el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, junto con el deber de la Nación de “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección”.
Estos presupuestos mínimos que la Constitución anticipa, han sido definidos en el artículo 6 de la LGA como “toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable”.   
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha interpretado lo que debe entenderse por “presupuestos mínimos de protección”, de acuerdo al antecedente constitucional del citado artículo -la Constitución española de 1978- que se trata de la legislación básica, susceptible de ser desarrollada por las provincias.
LGA tiene pretensión de vigencia en todas las jurisdicciones, y ello como reglamentación de los arts. 41 y 43 de la Constitución federal no es anómalo ni inconstitucional, pues la referida ley ha instaurado un régimen jurídico integrado por disposiciones sustanciales y procesales.
Bajo esa inteligencia, la LGA prescribe en artículo 1 que: “establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”, para luego fijar los objetivos y los principios rectores de la política ambiental nacional (arts. 2° y 4°).-
Dentro de los principios de la política ambiental enumera al de: congruencia, prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, de progresividad, de responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de solidaridad, de cooperación, y de integración. Mucho ha expuesto la doctrina sobre la interpretación e importancia de cada uno de ellos.
En cuanto a la competencia judicial, el artículo 7 de la LGA, la atribuye a los tribunales ordinarios según el territorio, la materia y las personas; y como excepción, en los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales inter jurisdiccionales fija la competencia federal, precisamente, en función del recurso natural en juego.
Para llevar a cabo esa política ambiental nacional, se enumera en el artículo 8 de la LGA, los instrumentos de la política y la gestión ambiental que la misma regula: el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental (arts. 11 a 13); la educación ambiental (arts. 14 y 15); el sistema de diagnóstico e información ambiental (*), y el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable (arts. 23 y 24). 

(*) Sobre la información ambiental y el libre acceso de la población a la misma, además de la Ley 25.675, se cuenta específicamente con la Ley 25.831, del 6 de enero de 2004, que regula los presupuestos mínimos para el régimen de libre acceso a la información pública ambiental. En el orden nacional existe el Sistema de Información Ambiental Nacional (SIAN), cuyo objetivo es organizar e integrar un sistema de información ambiental para ponerla disposición de toda la comunidad.-
Otra definición trascendente de la Ley es el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos (art. 27).
Respecto al tipo de sistema de responsabilidad, la LGA en su art. 28 adopta el principio objetivo, al señalar que: El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción.-
La LGA trata de forma separada la acción para obtener la recomposición, reparación y, en su caso, el resarcimiento o indemnización del ambiente dañado, con notoria diferencia en cuanto a la legitimación, agregando a los sujetos legitimados por el artículo 43 de la propia Constitución Nacional (afectado, Asociaciones ambientalistas Defensor del Pueblo y Ministerio Público), al Estado nacional, provincial o municipal, como personas habilitadas para articularla, y al particular damnificado, respecto de la acción de indemnización y de recomposición.
Puntualmente, la primera parte del art. 30 de la LGA establece: “Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, ...”
En consecuencia, producido un daño ambiental colectivo al que la Ley denomina daño ambiental de incidencia colectiva, puede deducirse por cualquiera de las personas en ella individualizadas, acción de recomposición, reparación o mitigación de los efectos del daño ambiental, que por supuesto también incluye la de cese del mismo, y eventualmente, la de resarcimiento de los efectos dañosos sufridos.
Volviendo a la previsión de la última parte del artículo 30, que establece: Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo, advertimos que, dicha fórmula prácticamente programó una acción popular.-
Por otra parte, introdujo, como un principio básico en la materia, el acceso a la tutela judicial ambiental en el art. 32 de la LGA al establecer que: “El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie”,- Ese primer párrafo del artículo 32 de la Ley 25.675, produce implicancias concretas en este tipo de trámites, tales como la facilitación del otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos.-
Simultáneamente, dicho artículo otorga amplias facultades al Juez, perfectamente aplicables para conseguir la efectividad práctica de sus sentencias condenatorias al reconocerle la facultad de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso ambiental, a fin de proteger el interés general, y adoptar en cualquier estado del proceso, medidas de urgencia.-
Esta referencia en forma innominada a las medidas que sean necesarias para dar eficacia al fallo, con la posibilidad de dictar de oficio todas las providencias y resoluciones que el juez estimen conveniente, lo dota de herramientas trascendentes para suplir las omisiones de las partes, sobre todo, en materia probatoria.  Merece asimismo mencionarse la regulación que la LGA realiza en su art. 33, respecto a los efectos de la sentencia ambiental, pues introduce una cuestión básica de la incipiente estructura de los procesos colectivos, el efecto erga omnesde la cosa juzgada en los procesos ambientales.- 
Bajo esa inteligencia, el juicio iniciado por cualquier afectado beneficia a los demás, pues como había señalado la jurisprudencia mucho antes de la sanción de la LGA: “sería vana y absurda una sentencia que amparada en el carácter individual de las acciones y tras comprobar los efectos contaminantes denunciados pretendiera limitar los alcances de su mandato, a la relación jurídico-procesal bilateral nacida en cada proceso individual y mandara que los efectos cesaran tan solo -cual si fuera posible- para los accionantes mas no para el resto de la comunidad afectada(11).
Es digna de elogio la previsión sobre los alcances erga omnes de la cosa juzgada de la sentencia estimatoria, porque de la propia naturaleza del amparo ambiental se infiere un efecto general, para concluir el acto lesivo anti ambientalista y producir un efecto tutelar colectivo, que habilita a cualquier interesado en el cumplimiento de la sentencia a ejecutarla, aunque no hayan sido parte en el proceso (12).

 

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