El tema minero en la provincia de Chubut permanece en estado latente, ya que si bien por ahora puede haber solamente actividad exploratoria, el potencial productivo de la provincia deja entrever que la eventual explotación podría ser cuestión de tiempo.
El mapa ambiental recientemente divulgado a través del portal oficial del gobierno -por parte de las autoridades salientes de Petrominera, según trascendió- establece que la zona de la meseta, que abarca gran parte de la superficie provincial, tiene una sensibilidad ambiental baja, lo que la tornaría viable para la explotación minera.
El flamante titular de Petrominera, Oscar Cretini, dijo en una entrevista que el marco legal vigente sólo permite la exploración minera, lo que buscará incrementar, pero advirtió que la explotación "sólo será posible a través del consenso y la razonabilidad para crear un marco que regule esta actividad, a fin de definir con qué intensidad se desarrollará".
El geólogo está convencido de que puede haber un "desarrollo minero sustentable", lo que argumentó diciendo que la minería "es una actividad extractiva más, como lo es el petróleo". Y aseguró que la provincia tiene la ventaja de poder realizar un marco regulatorio que contemple metas de sustentabilidad desde el punto de vista social, ambiental y económico.
Esta definición es coincidente con lo anticipado meses atrás por el gobernador Buzzi, quien aseguró estar dispuesto a impulsar el debate minero y -si se responden las tres premisas arriba mencionadas- se crearía el marco para la nueva actividad. No a otra cosa parece referirse el flamante mandatario cuando habla de incorporar a la economía provincial "nuevas actividades productivas", al tiempo que no ha dejado de establecer paralelismos entre minería y explotación petrolera, de la que Comodoro Rivadavia lleva más de un siglo de explotación… dicho de otro modo, sería incongruente que un gobernador proveniente de la ciudad petrolera tuviera una postura anti minera cerrada, si bien esto no implica decir que sea hoy decididamente pro minero (aunque muchas señales indicarían que se apunta en ese sentido).
Aun cuando las manifestaciones anti mineras continúan propagándose en el territorio provincial -ayer se anunció una marcha del Foro Social Ambiental de la Patagonia, para el 22 de diciembre, frente a las oficinas que la compañía del proyecto "Navidad" tiene en Trelew-, las decisiones políticas parecen estar adoptadas y aguardan el tiempo de maduración necesario.
En cualquier caso, la llave legislativa promete ser un escenario abierto a los ecos de la población chubutense. No podrá haber avances si antes no se modifica la Ley 5001. La diputada Argentina Martínez, quien fue legisladora cuando se aprobó aquella ley tras el plebiscito de Esquel, reconoció ayer que los tiempos son otros y que -previo análisis- la norma podría requerir adecuaciones, pero hizo una salvedad: "nosotros en campaña dijimos que el tema debería someterse a consulta popular, personalmente opino que podríamos mantener esa posición en el bloque, más allá de que no hemos analizado aún este tema", dijo la titular del novel bloque, asumido apenas hace unos días. Esa era la idea, varias veces repetida en campaña, expresada por Carlos Eliceche cuando se le consultaba sobre el tema minero.
Vale recordar que el constitucionalista Eduardo Hughes, quien llegó a ser mencionado como posible nuevo fiscal de Estado –algo que finalmente no se confirmó, al menos por ahora- reivindicó públicamente el precepto previsto por la Constitución Provincial para someter los grandes temas –minería, concesiones petroleras, etc- a mecanismos de consulta popular.
Por ahora, las urgencias son otras y la racionalidad primó en las primeras decisiones en torno a la sequía y efectos de la ceniza en los pueblos de la meseta: los anuncios de la puesta en marcha de un plan de perforaciones, a través de CORFO, para explotar acuíferos subterráneos implica un camino que había sido sugerido incluso por sectores que plantean que la minería no es la única alternativa para los pueblos de la meseta. Por caso, desde la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia se planteó varias veces esa opción, apuntando al aprovechamiento del agua para la producción de pasturas y la posibilidad de intensificar los procesos productivos en el área rural, amenazada por periódicas crisis climáticas y un impacto social que traslada las crisis del campo hacia las principales ciudades.
En las últimas horas, la presidenta de la entidad, Digna Hernando, planteó las discrepancias del sector en torno al proyecto de ley para poner límite a la propiedad de grandes extensiones de tierra en manos extranjeras: "el proyecto menciona sólo a la actividad agropecuaria, pero no dice nada de la concentración de tierras para la actividad minera", advirtió la dirigente, planteando una nueva clave de análisis para un tema que es impulsado por el gobierno nacional (el límite a la concentración de la tierra).
Por otro lado, la minería es una actividad fuertemente incentivada desde el gobierno de Cristina Kirchner, con fuerte impulso a la actividad en diversas provincias, sin ir más lejos en Santa Cruz.
¿Cómo harán para oponerse los gobiernos provinciales y municipales, fuertemente alineados con el gobierno nacional? En todo caso, la posibilidad de un marco regulatorio previo, que garantice las condiciones ambientales y económicas para la distribución de la renta potencial, parecen ser los caminos más adecuados para empezar a discutir un tema cuya concreción parecería ser inevitable.