LA UCR IMPULSA UNA LEY PARA GARANTIZAR EL CUPO LABORAL TRANS ANTE LA FALTA DE REGLAMENTACIÓN DE LA NORMA APROBADA EN 2018 EN CHUBUT


Es a través de un proyecto presentado por el bloque de diputados provinciales integrado por Manuel Pagliaroni y María Andrea Aguilera. Además se propicia asegurar para travestis y transexuales un cupo en la entrega de viviendas por parte del IPV. La iniciativa es en respuesta a un reclamo del colectivo, y tras una reunión en la Comisión de Género y Derechos Humanos de la Legislatura.


El bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical en la Legislatura presentó un proyecto de ley con el objetivo de que se garantice la inclusión laboral de las personas trans en el sector público provincial, de manera que se cumpla el cupo previsto en la norma que para ello la Legislatura aprobó en 2018, pero que aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. La propuesta de los legisladores incluye, además, que se asegure la inclusión de travestis y transexuales en las entregas de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) del Chubut.  
El proyecto de los integrantes del bloque María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni busca llenar el vacío legal provocado por el hecho de que la Ley I N° 621, aprobada en mayo de 2018 y que establece un cupo del 0,5% del personal del sector público provincial para el colectivo trans, nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo Provincial, pese a que se había establecido un plazo de 60 días para ello.
“El Poder Ejecutivo Provincial, ante cada incorporación de personal cualquiera fuere la modalidad sea por vacancia de cargo o por necesidad de la administración, deberá darle prioridad automática, exclusiva y excluyente, entre los aspirantes a ocupar el mismo en la planta del Estado Provincial, a las personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para cubrir dicho puesto laboral”, indica el artículo primero del proyecto de ley.
En los fundamentos se explicó que el proyecto propicia “el cumplimiento del cupo establecido por la Ley I N° 621, estableciendo un orden de prioridad entre los vacantes a un puesto de trabajo dentro del Estado Provincial”, y además, por la “vulneración de múltiples derechos” de las personas trans, se busca “atender el déficit habitacional producido por la disparidad económica del colectivo”, para lo cual se define “una pauta para las viviendas que entregue el Estado Provincial a través del IPV”.
“La presentación de la propuesta se concretó como respuesta a una inquietud del colectivo trans, y luego de una reunión que tuvimos en la Comisión de Género y Derechos Humanos con Daniela Andrade, funcionaria de Comodoro Rivadavia y una referente del colectivo a nivel provincial”, comentó Manuel Pagliaroni, que junto a Aguilera integra la comisión.
“Hay una ley provincial de hace tres años que no se ha reglamentado por parte del Poder Ejecutivo. Como reclamo por esa falta de reglamentación y de aplicación, surgieron estas reuniones y esta propuesta”, agregó.
Pagliaroni remarcó además que “mientras que en otras provincias y a nivel nacional se avanza con la inclusión como lo demuestra la aprobación del cupo por parte del Senado ayer jueves, en Chubut estamos en falta”.
El proyecto de ley reseñó la situación laboral del colectivo trans, marcada por la falta de oportunidades que han llevado a que la expectativa de supervivencia de las personas no supere los 40 años, según estudios recientes realizados por organizaciones no gubernamentales.
“Es la disparidad que se produce en el mundo laboral la que establece condiciones imposibles para el colectivo trans y travesti para subsistir en términos socioeconómicos”, dijeron los legisladores en el proyecto.
Estas condiciones “excluyen y lo marginan de las oportunidades que tiene una persona que no forma parte del colectivo. Esto deriva, sin dudas, en urgencias constantes en materia alimentaria, sanitaria y habitacional lo que, de manera directa, afecta el cumplimiento de otros derechos fundamentales”, agregaron.
En este sentido enfatizaron Aguilera y Pagliaroni que “no se trata de un solo derecho en particular como el acceso al empleo, sino que abarca a toda una universalidad de derechos afectados”, ya que “no existen oportunidades ciertas para el colectivo en el mercado del trabajo, producto también de condiciones preexistentes a la búsqueda laboral, como la exclusión precoz del sistema educativo y otras posteriores, como la alta heteronormatividad con la que se maneja el mercado laboral que genera discriminación y exclusión”.
En este marco hicieron hincapié en que la falta de reglamentación de la ley aprobada en 2018 por la Legislatura para garantizar un piso porcentual de cupo laboral en el Estado “constituye un retroceso sobre una norma que promueve la inclusión del colectivo trans al mundo laboral facilitando caminos para la formación y capacitación, dotándolo de herramientas válidas para lograr la autonomía económica y propiciar el acceso a otros derechos como por ejemplo la salud”.

 

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